La propuesta impulsada por el Ejecutivo Provincial, que fue enviada formalmente a la Casa de las Leyes por el gobernador Alfredo Cornejo la semana pasada, busca establecer un estándar técnico y de habitabilidad mínimo común para las obras públicas y privadas, promoviendo la simplificación burocrática.

Con el objetivo de coordinar criterios constructivos y modernizar el rol fiscalizador de las comunas, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, junto al director de Planificación Territorial, Matías Dalla Torre, mantuvieron este jueves una reunión de trabajo técnico con legisladores provinciales. Del encuentro participaron los integrantes de las comisiones de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, de la Cámara de Diputados, junto a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado.

Durante el encuentro, los funcionarios detallaron los alcances de esta iniciativa que, tras haber sido remitida formalmente por el gobernador Alfredo Cornejo la semana pasada, inició su tratamiento legislativo con el propósito de superar la histórica fragmentación normativa y sentar bases estables para la construcción civil en los dieciocho departamentos.

«Este código unificado de construcción normaliza y estandariza los criterios en todos los departamentos de la provincia. Ha sido un proceso sumamente participativo que demandó más de un año de trabajo, en el cual técnicos de cada municipio aportaron generosamente su conocimiento para unificar exigencias que antes eran dispares: desde la presentación de planos e inicio de trámites, hasta los tiempos de inspección y las normas edilicias”, explicó Badui.

Asimismo, aseguró que esto va a permitir que cualquier profesional que proyecte una obra —sobre todo en el ámbito privado— sepa que existen reglas básicas y uniformes en todo el territorio, agilizando tramitaciones que históricamente llevaban mucho tiempo. 

“Además, actualizamos toda la normativa eléctrica y de construcción, e incluimos la facultad para que los municipios otorguen incentivos a la construcción sustentable. En definitiva, venimos a ordenar y unificar las reglas de juego para el desarrollo privado en Mendoza», agregó la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Superación de asimetrías y vacíos técnicos

La propuesta oficial responde a una necesidad histórica de coordinación administrativa en Mendoza. Actualmente, conviven en la provincia normativas municipales dispares que evalúan los mismos materiales y tecnologías bajo criterios radicalmente diferentes. 

Esta fragmentación burocrática duplica los trámites técnicos de los profesionales de la construcción y dilata los plazos de aprobación. El panorama resulta aún más heterogéneo al constatarse que cinco municipios mendocinos carecen por completo de un marco reglamentario local, lo que da lugar a una preocupante falta de parámetros formales sobre la habitabilidad y seguridad estructural de las obras.

Para subsanar estas asimetrías, el proyecto se encuadra de forma directa en el mandato de armonización fijado por el artículo 23 de la Ley de Ordenamiento Territorial número 8051. A través de este nuevo instrumento normativo, Mendoza contará con reglas de juego claras, estables e idénticas en todas sus latitudes, asegurando un piso de equidad territorial y legal tanto para los pequeños constructores como para los grandes emprendimientos de escala urbana.

Los cinco ejes del nuevo ordenamiento técnico

El cuerpo técnico de la norma proyectada se organiza mediante cinco capítulos transversales que abarcan la totalidad del ciclo de vida de una obra. El primer módulo estandariza las tramitaciones y las responsabilidades profesionales; el segundo define las tipologías constructivas y los materiales admitidos. Los sistemas sanitarios, eléctricos y de generación limpia centran el tercer capítulo, mientras que el cuarto se enfoca estrictamente en la prevención de riesgos, incendios y los cálculos sismorresistentes nacionales vigentes.

Finalmente, el quinto capítulo incorpora de lleno criterios modernos de sustentabilidad ambiental. Atendiendo al escenario hídrico e hidroclimático mendocino, el nuevo código regula parámetros exigibles de eficiencia en el consumo de agua corriente, recolección de aguas grises y acondicionamiento térmico pasivo de las estructuras con el propósito de morigerar el consumo energético de las edificaciones a largo plazo.

Preservación de la autonomía municipal

Frente a las consultas de los legisladores respecto a las potestades de los intendentes, las autoridades provinciales recalcaron que el código actúa exclusivamente como un denominador técnico común. De esta manera, cada uno de los municipios mantiene de forma inalterable sus atribuciones sobre la planificación del suelo y el modelo de ciudad que desea impulsar. Los gobiernos locales conservarán en su totalidad la facultad de fijar indicadores urbanísticos críticos como el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el Factor de Ocupación Total (FOT), las zonificaciones de uso, las alturas máximas de edificación y la recaudación de tasas y multas.

Implementación, autoridad de aplicación y actualización

La norma prevé que el Código sea de aplicación obligatoria para la Administración Pública Provincial e insta a los municipios a su efectiva adopción a través de las ordenanzas correspondientes, respetando en todo momento sus competencias en materia tributaria y de control local. 

A su vez, el proyecto designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, actuando a través de la propia Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial o la dependencia técnica que se determine reglamentariamente.

Además, con el propósito de evitar que el nuevo marco regulatorio quede obsoleto ante el avance tecnológico, la iniciativa contempla la creación de una Mesa de Trabajo Técnica Provincial. 

Este espacio interjurisdiccional tendrá entre sus funciones primordiales promover la actualización permanente del Código, evaluar de forma constante la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas constructivos alternativos, y armonizar criterios de interpretación y aplicación técnica junto a todos los municipios adherentes.

Digitalización y consenso profesional

La adopción de este marco técnico uniforme habilitará, a su vez, la transformación digital de la administración pública de Mendoza. La uniformidad de conceptos e indicadores permitió desarrollar una plataforma provincial de indicadores urbanos en red y un sistema de expediente único electrónico para tramitar los permisos de obra de forma totalmente remota, acortando sustancialmente los plazos de aprobación y eliminando la presencialidad en las dependencias técnicas.

La redacción de la norma legislativa llega al recinto precedida por un extendido consenso técnico. Entre los meses de diciembre y enero pasados, los equipos gubernamentales realizaron rondas de consulta y talleres regionales en el Gran Mendoza, el Este, el Valle de Uco y el Sur provincial. Los documentos de trabajo finales fueron analizados y validados con aportes específicos de profesionales municipales, del Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA), el Colegio de Ingenieros (COPIG) y del ámbito académico y científico regional, representado activamente por especialistas del CONICET.