Los procedimientos se realizaron en Guaymallén, Ciudad, Las Heras y en el complejo penitenciario Almafuerte en el marco de una causa federal por lavado de activos asociada a una organización investigada por comercialización de drogas. La pesquisa había detectado movimientos cercanos a los $800 millones a través de billeteras virtuales.

La Policía de Mendoza realizó este jueves 25, allanamientos simultáneos en Guaymallén, Ciudad, Las Heras y distintos sectores del complejo penitenciario Almafuerte, en el marco de una investigación federal por lavado de activos vinculada a una organización criminal investigada por comercialización de drogas.

Los procedimientos tuvieron como objetivo avanzar sobre la estructura económica de la organización, secuestrar evidencia patrimonial y reunir elementos de interés para la causa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron 65 teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets, dispositivos de almacenamiento digital, memorias externas, pendrives, un DVR, máquinas para contar billetes y documentación considerada relevante para la investigación.

Además, los efectivos incautaron casi $8 millones en efectivo, más de 700 dólares estadounidenses, divisas extranjeras y un vehículo de alta gama, que quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de los procedimientos realizados en oficinas ubicadas sobre avenida San Martín de Ciudad arrojó resultados positivos para la investigación patrimonial, permitiendo el secuestro de equipamiento tecnológico, dinero en efectivo y documentación que será incorporada al expediente federal.

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en un módulo de Almafuerte, donde fueron secuestrados 37 teléfonos celulares, además de marihuana y cocaína.

Una investigación sobre la estructura económica del delito

La investigación se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y forma parte de una política criminal orientada no sólo a perseguir los delitos vinculados al narcotráfico, sino también a avanzar sobre las estructuras económicas que permiten sostener esas actividades ilícitas.

Durante la conferencia de prensa realizada este jueves, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que la pesquisa permitió detectar movimientos económicos cercanos a los 800 millones de pesos a través de billeteras virtuales utilizadas por una asociación integrada por un interno y otras personas vinculadas a él.

“Quitarle el dinero a los delincuentes es fundamental, porque se trata del lucro obtenido de la comercialización ilegal de drogas y también de recursos que luego son utilizados para extorsionar o para captar jóvenes que participen en la distribución de estupefacientes”, sostuvo la funcionaria.

Según los investigadores, la organización no sólo obtenía recursos de la comercialización de drogas, sino que habría articulado distintas maniobras ilícitas para sostener su funcionamiento y financiar la adquisición de estupefacientes, generando una estructura con ramificaciones tanto dentro como fuera de los establecimientos penitenciarios.

La pesquisa permitió además reconstruir una red de vínculos externos que habría facilitado la administración de recursos, movimientos financieros y comunicaciones necesarias para mantener activa la organización pese a que algunos de sus integrantes se encontraban privados de libertad.

Rus confirmó que la causa se encuentra relacionada con Pedro Morales Anisco, recientemente condenado en una investigación surgida a partir de los controles penitenciarios realizados por el Servicio Penitenciario provincial. En ese sentido, señaló que existen distintas investigaciones que lo vinculan con maniobras de comercialización de drogas dentro de los establecimientos carcelarios y con estructuras de apoyo que operaban en el exterior.

“En poco tiempo logramos la primera condena surgida del fortalecimiento de los controles intramuros. Ahora avanzamos sobre nuevas investigaciones para quitarle a estas organizaciones el provecho económico del delito”, afirmó.

Fortalecimiento de los controles penitenciarios

La ministra destacó que este tipo de investigaciones está directamente relacionado con el fortalecimiento de los controles penitenciarios implementados durante los últimos meses.

En ese sentido, recordó que entre el 1 de enero y el 26 de mayo se secuestraron 1.577 teléfonos celulares, 3.728 gramos de cocaína y 9.760 gramos de marihuana en establecimientos penitenciarios de la provincia, como resultado de las requisas y controles desarrollados en las distintas unidades.

Rus explicó que estos resultados están vinculados a la implementación de las denominadas requisas FORMA, una modalidad que reemplazó el esquema rutinario de controles dentro de los establecimientos penitenciarios. El sistema se realiza mediante equipos especiales que llevan adelante procedimientos sorpresivos y aleatorios, sin informar previamente los sectores donde se desarrollarán los operativos.

Además, detalló que esta metodología se aplica en las 22 unidades penitenciarias de Mendoza, con especial énfasis en los complejos de Almafuerte, Boulogne Sur Mer y San Felipe.

Paralelamente, el Gobierno provincial continúa incorporando tecnología para reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Entre las medidas previstas se encuentra la adquisición de un body scan para optimizar el control de las personas que ingresan a los penales y fortalecer los mecanismos de detección.

El despliegue de este jueves contó con la participación de personal de Investigaciones, efectivos policiales y autoridades penitenciarias bajo la coordinación de la Justicia Federal. El objetivo ahora será profundizar el análisis de los dispositivos secuestrados, avanzar sobre los bienes vinculados a la organización e impedir que continúe obteniendo beneficios económicos a partir de actividades ilícitas.