El predio de Rodríguez Peña ya opera con un sistema completamente digitalizado que permite seguir cada rodado desde el momento del secuestro hasta su destino final. Cómo es la logística, el control y el proceso de compactación que busca terminar con el desorden histórico.

El nuevo sistema de gestión de secuestros viales que el Gobierno provincial puso en marcha en el Gran Mendoza ya comenzó a funcionar en la playa ubicada sobre Rodríguez Peña, con un esquema completamente distinto al que regía hasta ahora. La clave del modelo es la digitalización total del circuito, la trazabilidad en tiempo real y un proceso integral que va desde el acarreo hasta la compactación final de los vehículos no reclamados.

En el lugar Fernando Di Betta, a cargo de Acmet, y Nicolas Puglisi, Administrador de Menserv, recibieron al Gobernador Alfredo Cornejo, a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, para la puesta en marcha del emprendimiento.

A diferencia del sistema tradicional, basado en registros manuales y controles fragmentados, la nueva operatoria se apoya en tecnología para monitorear cada etapa del proceso. Según explicó Nicolás Puglisi, responsable del área administrativa y digital del predio, el funcionamiento está centralizado en tres aplicaciones que permiten seguir en detalle el recorrido de cada vehículo.

Desde el momento en que un rodado es secuestrado en la vía pública, el sistema registra su ubicación mediante GPS y documenta su estado con imágenes. Ese seguimiento continúa durante el traslado y se completa al momento del ingreso a la playa, donde vuelve a registrarse con fotos y datos que quedan cargados en la plataforma.

Toda la información se procesa en tiempo real y sin uso de papel. El sistema permite conocer no solo dónde está cada vehículo, sino también cuánto tiempo permanece en el predio y en qué instancia administrativa se encuentra, ya sea a la espera de retiro por parte de su propietario o dentro del circuito de disposición final.

El mismo circuito se cierra cuando el titular del vehículo se presenta a retirarlo. En ese momento, el egreso también queda registrado digitalmente, completando la trazabilidad completa del rodado dentro del sistema.

Además del control digital, la playa cuenta con un sistema de vigilancia permanente. El predio está monitoreado por 26 cámaras y dispone de seguridad las 24 horas, lo que permite reforzar el control sobre los vehículos y garantizar la custodia durante toda su permanencia.

Pero el sistema no se limita al almacenamiento. Uno de los ejes centrales del nuevo modelo es el tratamiento final de los vehículos que no son reclamados, con un proceso orientado a la descontaminación y la reutilización de materiales.

En ese punto interviene la operatoria industrial. Darío Crissafi, vinculado a la gestión de materiales ferrosos en el predio, explicó que el trabajo continúa la línea iniciada tras el saneamiento de la histórica playa San Agustín. El proceso incluye la extracción de fluidos y materiales contaminantes de cada vehículo antes de su compactación.

La ministra Rus presentó el nuevo sistema integral de gestión de secuestros vehiculares y destacó que se trata de una herramienta clave para “darle orden a todo el sistema de secuestros, tanto viales, municipales como judiciales”, al tiempo que permite resolver problemas ambientales y de seguridad asociados a la acumulación de chatarra.

Explicó que la iniciativa busca terminar con una situación que “no funcionaba bien con el orden público y con la seguridad, ya que las playas de secuestro acumulaban vehículos sin disposición final, lo que generaba contaminación y también focos de inseguridad”. En ese sentido, remarcó que el nuevo esquema permitirá que una empresa adjudicataria se encargue de manera integral del proceso, incluyendo el acarreo, almacenamiento y disposición final de los vehículos.

Rus subrayó que la reforma de la Ley de Tránsito impulsada en 2024 “permitió acortar plazos y reducir la burocracia, evitando que los vehículos permanezcan durante años en las playas”. Luego, señaló que este proceso ya muestra resultados concretos, con cerca de 6.000 toneladas compactadas en una primera etapa y más de 10.000 toneladas en la actual, lo que calificó como “muy importante para ordenar el sistema”.

Además, destacó la incorporación de tecnología para garantizar la trazabilidad de cada vehículo y un monitoreo permanente de las playas, lo que permitirá conocer en tiempo real “cuáles son los vehículos, cuándo ingresan y por qué motivo”. Indicó que este modelo se extenderá progresivamente a toda la provincia, con intervenciones previstas en el Este, Valle de Uco y el Sur.

La ministra explicó la decisión de tercerizar el servicio al señalar que la Policía debe concentrarse en tareas operativas y no en la custodia de vehículos. En ese sentido, sostuvo que “no quería policías detrás de un escritorio o custodiando chatarra” y comentó que, de esta manera, permitirá reasignar recursos humanos y optimizar costos logísticos y tecnológicos.

También Rus señaló que el nuevo sistema facilita la aplicación de la ley en problemáticas como las picadas ilegales, ya que “ahora se contará con capacidad para trasladar y almacenar los vehículos secuestrados”. Afirmó que “estamos secuestrando motos todas las noches” y que afirmó que el nuevo esquema permitirá sostener esos operativos sin que la gestión de los secuestros se convierta en un obstáculo.

En relación a la extensión del sistema, indicó que el plan contempla avanzar durante este año en el Este provincial, particularmente en San Martín, y luego continuar en otros oasis, con el objetivo de cubrir todo el territorio.

Más datos sobre cómo funcionará el sistema
Cada etapa es controlada y trazada, incluso fuera del predio. El material resultante es seguido durante todo su recorrido, con participación de organismos que certifican el proceso, hasta su ingreso a los hornos donde es reciclado. El objetivo es garantizar que la disposición final se realice bajo estándares ambientales y dentro de un esquema de economía circular, donde el material ferroso vuelve a integrarse al circuito productivo.

Este sistema permite no solo ordenar la gestión de los secuestros viales, sino también evitar la acumulación de vehículos, uno de los principales problemas que durante años afectó a comisarías y playas en toda la provincia.

Con la centralización progresiva de los rodados retenidos por infracciones de tránsito y la reducción de los plazos para su disposición final, el nuevo esquema apunta a sostener un flujo constante que impida nuevas saturaciones y mejore la administración general del sistema.