Tras completar la instancia participativa, el decreto reglamentario ingresa en su tramo administrativo final. La normativa pone énfasis en la erradicación de basurales a cielo abierto, la inclusión de recuperadores urbanos y la trazabilidad digital, con el objetivo de alcanzar mayor sostenibilidad y eficiencia operativa.

El proceso de reglamentación de la Ley 9.659 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) avanzó a una nueva etapa luego de completarse la instancia de reuniones con los 18 municipios de la provincia. El trabajo fue coordinado por el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Coordinación de Sostenibilidad y de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, dentro del plazo previsto por la normativa.

La etapa participativa se concretó a través de dos encuentros regionales. En primer término se trabajó con los siete municipios del Área Metropolitana y luego con los departamentos del Sur, junto al Consorcio del Valle del Uco (COINCE) y el Consorcio del Este (COINES). La dinámica permitió intercambiar miradas técnicas, administrativas y operativas vinculadas a la aplicación de la futura reglamentación en cada territorio.

Durante las reuniones se revisaron los artículos del decreto y los siete anexos técnicos que forman parte del documento. A partir de ese trabajo, varios municipios realizaron aportes que fueron incorporados a la versión final, fortaleciendo su implementación y el esquema de responsabilidades compartidas entre Provincia y gobiernos locales.

“Ha sido un trabajo detallista y mancomunado, que hemos logrado abordar desde aspectos legales y técnicos en tiempo récord. Estamos muy satisfechos no sólo con los equipos provinciales que participaron en la formulación de la ley y su respectiva reglamentación, sino también con la participación de los municipios en todo el proceso”. afirmó Carla Ortega, coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio.

Con este paso cumplido, el Ministerio avanzó dentro de los 180 días establecidos para reglamentar la ley, promulgada en el último semestre de 2025. El decreto continúa ahora su recorrido administrativo hasta su entrada en vigencia prevista para el próximo mes.

Qué dice la Nueva Ley GIRSU

La Ley GIRSU fue aprobada en 2025 por la Legislatura provincial tras más de un año de trabajo conjunto con municipios, legisladores y actores del sistema de reciclado. El nuevo marco estableció un modelo integral basado en economía circular, inclusión social, transparencia y protección ambiental, consolidando la política de residuos como una prioridad para el desarrollo sostenible de Mendoza.

La norma crea un Sistema Provincial de Residuos articulado con los 18 departamentos, con competencias claras, estándares mínimos, herramientas de planificación regional y mecanismos de control y participación ciudadana. Además, impulsó la regionalización de la gestión, dividiendo la provincia en cuatro zonas —Metropolitana, Este, Centro y Sur— para que cada municipio elabore su Plan Municipal en línea con el Plan Provincial.

El Ministerio de Energía y Ambiente actúa como autoridad de aplicación, con funciones vinculadas al diseño de políticas, la asistencia técnica y legal a los municipios, la coordinación de consorcios, la fiscalización de infraestructuras y el seguimiento de metas.

Entre los instrumentos centrales se prevé la puesta en marcha de un Sistema de Información Ambiental público, con trazabilidad digital y auditorías permanentes, que permitirá monitorear la evolución de la gestión en tiempo real.

Los principales ejes incluyen el cierre progresivo de basurales a cielo abierto, la separación en origen, la valorización de materiales y la integración social y laboral de recuperadores urbanos. También se regulan distintos tipos de residuos, desde domiciliarios hasta los provenientes de actividades comerciales, institucionales, de poda y de construcción.

En el plano social, la ley promueve la formalización del trabajo de los recuperadores, su capacitación y el fortalecimiento de cooperativas. Asimismo, habilita la creación de centros de economía circular gestionados por municipios o en articulación con el sector privado para generar empleo, innovación y agregado de valor.

Para garantizar la puesta en marcha del sistema se crea el Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza, integrado por partidas provinciales, tasas específicas, multas y recursos derivados de acciones judiciales por pasivos ambientales. Este instrumento permitirá financiar infraestructura, equipamiento y programas de fortalecimiento institucional, además de gestionar aportes nacionales e internacionales.

El régimen también incorpora un esquema de fiscalización y sanciones compartido entre Provincia y municipios, con inspecciones, auditorías y canales de denuncia ciudadana.

Con la implementación de este nuevo marco, Mendoza avanza hacia una organización más eficiente, coordinada y transparente en materia de residuos, con reglas claras para acompañar el crecimiento y proteger el ambiente.