El Gobernador y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, pusieron el foco en las reformas realizadas para mejorar el servicio legal y los resultados obtenidos. Según el mandatario provincial, “no hay desarrollo económico posible sin seguridad jurídica”.

El Gobernador Alfredo Cornejo, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, dieron inicio al año judicial. En la oportunidad, el mandatario puso en valor el rol del sistema judicial como un eje central de la gestión, enfocado en brindar respuestas concretas a la ciudadanía.

Estuvieron presentes los miembros de la Corte, Mario Adaro, Omar Palermo, María Teresa Day, Julio Gómez, José Valerio, y Norma Llatser, como así también el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, y la vicegobernadora, Hebe Casado. A ellos se sumaron los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; de Hacienda, Víctor Fayad; de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la titular del Emetur, Gabriela Testa; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el legislador nacional de la Libertad Avanza, Facundo Correa Llano e intendentes.

Durante la actividad, el mandatario aseguró que “este no es un acto más: es una oportunidad para reafirmar un compromiso central del Estado, que es garantizar justicia, y hacerlo con resultados concretos”. En ese sentido, señaló que “la calidad de un sistema judicial no se mide solo por sus normas, sino por su capacidad real de dar respuestas a la ciudadanía”.

Cornejo sostuvo que desde el Gobierno provincial se ha asumido que “la seguridad y la Justicia forman parte de una misma política pública”, impulsando una agenda con foco en “más cercanía con la gente, más eficiencia en los procesos y más herramientas para enfrentar el delito”.

En ese sentido, destacó la creación de la Unidad de Asesoramiento y Representación Jurídica a la Víctima del Delito mediante la Resolución 1946, una medida que, según explicó, implica un cambio de enfoque al entender que “la contención de la víctima no se agota en el acompañamiento social o psicológico, sino que se completa cuando el Estado garantiza su acceso efectivo a la justicia”.

El Gobernador detalló que actualmente el Estado provincial ya asumió la representación de 68 víctimas en querellas por delitos graves, lo que “no solo brinda tranquilidad a quienes han sufrido un delito, sino que también fortalece la legitimidad del sistema judicial”. Estas acciones forman parte de una política integral que ya registra más de 6.400 intervenciones en toda la provincia, alcanzando a víctimas directas y a sus entornos familiares.

Asimismo, señaló que se han fortalecido las herramientas de protección en materia de violencia de género, alcanzando durante 2025 la instalación de 561 dispositivos duales, “lo que representa una herramienta concreta para prevenir situaciones de riesgo”.

En relación con la resolución alternativa de conflictos, indicó que durante el último año se realizaron 74 mediaciones judiciales y 27 voluntarias, promoviendo instancias de diálogo que evitan la judicialización innecesaria. A esto se suma la puesta en marcha de la Oficina de Conciliación Civil y Comercial, con 63 profesionales distribuidos en las cuatro circunscripciones judiciales.

Sobre este punto, explicó que en 2025 se llevaron a cabo 22.046 trámites en aproximadamente 220 días hábiles, con un promedio de 100 solicitudes diarias, con una fuerte preeminencia de causas por daños y perjuicios. Además, destacó que “hemos logrado que el 36% de los casos se concilien y no lleguen a tribunales, en una tasa de acuerdos que continúa en crecimiento”. Según remarcó, esto “evidencia una rápida apropiación de la herramienta tanto por parte de los operadores jurídicos como de la ciudadanía”.

El mandatario también puso en valor los principales logros del sistema, entre ellos la descompresión efectiva del Poder Judicial y el autofinanciamiento del modelo, que garantiza su sustentabilidad.

En el plano de las reformas, Cornejo afirmó que “hemos impulsado una agenda de reformas concretas para modernizar la Justicia” y mencionó los avances en la formalización y agilización del proceso penal, la reforma del procedimiento de flagrancia y la optimización del fuero laboral. A esto le sumó, la incorporación de herramientas modernas para la investigación, la reorganización del sistema penitenciario y la simplificación de procesos en materia de familia.

Además, destacó el avance en la gestión integral de secuestros de automotores, señalando que “hemos avanzado en la gestión integral de secuestros de automotores de todo tipo”, lo que permitió erradicar la histórica playa San Agustín y avanzar en una política de descontaminación y disposición final.

Para continuar, indicó que estos vehículos permanecían en promedio 10 años en estas playas, y que la nueva política permite “poner orden y agilizar procesos, desocupando a la policía de tareas de custodio de chatarra para apostarla en tareas operativas y policiales, a favor de la seguridad pública”.

También informó que el nuevo sistema digitalizado ya comenzó a funcionar en el Gran Mendoza, con trazabilidad en tiempo real, y que “llevamos 10.000 toneladas compactadas y hemos firmado convenio con los municipios de Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo”.

El Gobernador afirmó que “todas estas decisiones tienen un objetivo común: una Justicia más ágil, más moderna y más efectiva”, y remarcó que “no hay desarrollo económico posible sin seguridad jurídica, ya que donde hay reglas claras, donde las normas se cumplen y donde el sistema funciona, hay más confianza, más inversión y más oportunidades”.

En el cierre, reconoció el trabajo de los distintos actores del sistema judicial y convocó a continuar el trabajo conjunto, al señalar que “sabemos que aún hay desafíos. Pero también sabemos que estamos avanzando con decisiones concretas, con resultados medibles y con una visión clara”, con el objetivo de “construir una Mendoza más justa, más segura y con más oportunidades para todos”.

Por su parte, el presidente del máximo tribunal agradeció la presencia de las autoridades y destacó la relevancia de este espacio de intercambio al señalar que “es importante este encuentro anual para reflexionar sobre la Justicia y su relación con la seguridad política”. Luego, señaló que la labor judicial debe garantizar la resolución de conflictos y la protección de derechos, con impacto directo en el desarrollo social y económico. En ese sentido, remarcó que “es fundamental asegurar la previsibilidad y la igualdad en los procesos judiciales para mantener la confianza en el sistema”.

En su intervención, también hizo hincapié en el valor de las garantías constitucionales, al sostener que “son esenciales en la lucha contra la dictadura”, y destacó el rol del Poder Judicial en la interpretación de la ley y el mantenimiento del orden. Asimismo, afirmó que “es crucial que el tribunal actúe con imparcialidad y responsabilidad, buscando soluciones que promuevan la pacificación social y la seguridad política” y advirtió que “sin seguridad, el derecho pierde su sentido y afecta el desarrollo de la sociedad”.

En otro tramo, Garay se refirió a los cuestionamientos sobre la independencia judicial y expresó que “es una crítica que se hace en maneras violentas sobre la independencia del Poder Judicial”. En ese marco, reivindicó los mecanismos institucionales vigentes y consideró que “más allá del mecanismo constitucional de selección de los magistrados, resulta necesario promover un abordaje responsable de estos temas”.

Finalmente, el magistrado destacó los avances en materia de modernización judicial y explicó que la seguridad jurídica y la pacificación social requieren de procesos eficientes: “La seguridad jurídica y la pacificación social no dependen solo del juez, sino de un proceso bien gestionado”.

En esa línea, señaló que se han implementado reformas estructurales, incorporando tecnología y mejorando la infraestructura, lo que permitió optimizar la calidad de las resoluciones. Como resultado, indicó que “la integración de procesos ha aumentado la eficiencia en más del 69%”.

Luego, el presidente de la Suprema Corte puso el acento en los avances logrados a partir del trabajo articulado entre los distintos poderes del Estado. Al respecto, señaló que “el proceso de colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha permitido reducir significativamente el ingreso de causas judiciales en Mendoza”, lo que se tradujo en “una disminución del 32% en los últimos años”.

Asimismo, remarcó los resultados en la resolución de conflictos al indicar que “actualmente, se resuelven el 93% de los conflictos en el primer año”, reflejando una mejora sustancial en la gestión de recursos y en la calidad del servicio de justicia.

En relación con la modernización del sistema, reforzó la necesidad de optimizar el funcionamiento interno: “Es necesario dimensionar el capital humano y reducir un 20% del trabajo para optimizar procesos”. En esa línea, detalló la incorporación de herramientas tecnológicas que fortalecen la eficiencia y precisó que “utilizamos WhatsApp para notificaciones efectivas y hemos implementado un protocolo de fotografía que ha permitido 843 notificaciones”.

Garay hizo referencia a nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia y el acceso a la Justicia, al señalar que “estamos finalizando un sistema de subasta electrónica para mayor transparencia”.