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El Consejo Provincial del Ambiente (CPA), órgano consultivo que funciona en la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, llevó adelante una nueva reunión de trabajo para abordar tres ejes centrales de la agenda ambiental provincial: la problemática del canal Pescara, la gestión de la temporada del Parque Provincial Aconcagua y el estado del ordenamiento territorial en Mendoza.
Participaron representantes de organismos públicos, entidades profesionales, organizaciones ambientales y sectores productivos, entre ellos Soledad Barros (Ministerio de Energía y Ambiente), Andrés Ugarte y Guillermo Hernández (Colegio de Abogados), Fernanda Solanes (OIKOS), Rodolfo Pastrellini (COPIG), Luis Tomás López (Ministerio de Producción), Gustavo Poletto (COINCE), Leandro Fuitos (Fundación Defensa Vegana), Malena Lucía Reyes (Asociación Valor Tres), Sol Balangione (Fundación Villavicencio), Roberto Bellene (Ambiental Mendoza SA) y Carina Martínez (Asinmet).
Situación del canal Pescara
El encuentro inició con el tratamiento de la contaminación del canal Pescara. Se destacó que, si bien el problema es de larga data y requiere soluciones estructurales, un el colapso de infraestructura cloacal en la zona de Corralitos, Guaymallén, puso de manifiesto la necesidad de actuar con urgencia.
Soledad Barros expuso un resumen de las actuaciones realizadas y del estado actual del problema.
En el seno del Consejo se remarcó la necesidad de insistir en la remediación de las áreas afectadas y se propuso convocar a representantes del Departamento General de Irrigación para profundizar el análisis y facilitar un abordaje integral.
Ordenamiento Territorial: competencias y desafíos
El CPA abordó también la situación del Ordenamiento Territorial en la provincia. Se informó que, mediante la Ley de Ministerios 9501, la competencia dejó de estar bajo el ámbito ambiental.
La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial fue reorganizada, se aceptaron las renuncias de sus integrantes anteriores y se conformará un nuevo órgano con representación ampliada, mientras que la actual competencia técnica recae en el director de Planificación Urbana de la Provincia, Matías Dalla Torre.
Durante el debate, Malena Reyes recordó que participó de la actualización del diagnóstico 2013 y subrayó que, en la actualidad, todos los municipios cuentan con su plan de ordenamiento territorial excepto La Paz. También se mencionó que uno de los principales obstáculos es el financiamiento. Los recursos destinados fueron proporcionales a la coparticipación municipal, por lo que algunos distritos pudieron contratar equipos técnicos especializados y otros no. El CPA acordó invitar a Matías Dalla Torre a la próxima sesión para ampliar detalles y proyectar líneas de trabajo conjuntas.
Parque Provincial Aconcagua: temporada 2025-2026 y proyectos vinculados
En relación al Parque Provincial Aconcagua, se informó que el Gobierno emitió el Decreto 2322/25 que reglamenta la temporada 2025–2026, y que el Ministerio de Energía y Ambiente se encuentra trabajando en la elaboración de los pliegos de licitación de servicios que se prestan en parque.
Se destacó que además que se está evaluando el traslado de Plaza de Mulas —ubicado en una zona de fragilidad ambiental—al área del ex hotel, en línea con criterios de seguridad y resguardo del parque. Este movimiento se podría realizar una vez concluida la Evaluación de Impacto Ambiental.
También se presentó el avance del programa provincial “Pioneros”, orientado a promover inversiones en zonas estratégicas de alta montaña para proyectos turísticos, logísticos, comerciales y ambientales. Se aclaró que, según la normativa vigente y la envergadura de los proyectos, aquellos que correspondan deberán ser sometidos a evaluación de impacto ambiental.
En este marco, Guillermo Hernández planteó la situación de la Quebrada de Matienzo, donde se registrarían afloramientos de líquidos cloacales, e instó a evaluar acciones específicas.
El Consejo Provincial del Ambiente funciona en la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza. Su misión es asesorar al Poder Ejecutivo en temas de gestión ambiental y desarrollo sostenible, promoviendo la participación de actores sociales, institucionales, científicos y productivos en el diseño de políticas públicas orientadas a la protección de los recursos naturales y al desarrollo equilibrado del territorio provincial.


